El fraude alimentario se define, básicamente, como la adulteración de alimentos o bebestibles destinados para el consumo humano, afectando su calidad nutricional y, en ocasiones, poniendo en riesgo la salud de las personas. Esta acción se relaciona con prácticas engañosas en la cadena del suministro, lo que puede o no ser intencional.
De acuerdo con lo señalado en una Encuesta Internacional sobre Fraude Alimentario, “la industria está avanzando a un ritmo rápido, al igual que la sensibilidad de los consumidores a los temores de seguridad alimentaria y los escándalos con una oportunidad de comunicación más inmediata, como a través de redes sociales”.
En ese sentido, la academia, los reguladores y los profesionales de la industria luchan por igual con un problema en evolución con respecto a los nuevos términos y definiciones que incluyen, por ejemplo, “autenticidad alimentaria”, “protección alimentaria”, “contaminante”, “adulterante”, entre otros, reconociendo que es un desafío llegar a un acuerdo.
El estudio, respaldado por la Iniciativa de Fraude Alimentario de la Universidad Estatal de Michigan en colaboración con la Asociación de Fabricantes de Alimentos (GMA) y la Fundación de Ciencia y Educación, con un total de 150 respuestas de grupos de trabajos o miembros de comités relacionados al rubro, además de reconocidos expertos, algunos de los resultados fueron los siguientes:
- El fraude alimentario en general se identificó como un problema de “seguridad alimentaria” (86 %).
- Los encuestados sobre la calidad y la fabricación de los alimentos se centraron principalmente en los bienes entrantes y las sustancias adulterantes (<50%) en lugar de en las otras actividades ilegales como la falsificación, el robo, el mercado gris/desvío y el contrabando.
- De los términos incluidos para representar el “engaño intencional para obtener beneficios económicos”, los encuestados generalmente estuvieron de acuerdo con el fraude alimentario como el término preferido (50%).
Dentro de las conclusiones más significativas estuvo que el 83% de las agencias y organizaciones encuestadas afirmaron participar en actividades de prevención de fraude alimentario. Sin embargo, existe una falta de conciencia generalizada sobre la naturaleza ilegal y no conforme del fraude alimentario en relación con las leyes alimentarias, comerciales y estándares comerciales.
A pesar de que el 86% consideró el fraude alimentario como un problema de “seguridad alimentaria”, se identificó como “crucial” que se realice una mayor educación sobre la gravedad y el impacto de estas prácticas fraudulentas en la industria alimentaria, de tal forma que una comprensión interdisciplinaria, involucrando a organizaciones internacionales reconocidas en el proceso, abra paso a una colaboración entre los diferentes campos para enfrentar la problemática.
